Special Purpose Acquisition Company, o comúnmente conocida como SPAC, es un instrumento financiero de inversión alternativa que nació en el mercado americano y experimentó un gran apetito inversor e2020 y el 2021.
En concreto, son compañías de «cheque en blanco» que facilitan la salida a bolsa de una compañía privada a través de una adquisición o reverse merger.
Mientras que el 2021 será recordado como el año del boom de las SPACs, cuando se consiguieron lanzar 613 vehículos que levantaron más de 162 billones de dólares, el 2022, por el contrario, ha comenzado con un fuerte frenazo en la inversión en estos vehículos, evaporando la euforia vivida durante estos últimos años.
Muchas SPACs se han visto obligadas a reembolsar el capital levantado a sus inversores y se estima que cerca del 93% de las que ya habían completado su fusión cotizan en números rojos.
¿Cuáles son los detonantes de este frenazo en la inversión de las SPACs?
- Tipos de interés: A medida que los bancos centrales aumentan los tipos de interés, estos vehículos pierden atractivo frente a otras alternativas.
- Inflación: Los insólitos niveles de inflación a los que nos enfrentamos crean gran incertidumbre en el mercado y hace menos atractivo para los inversores tener el dinero aparcado durante 2 años a la espera de que los sponsors realicen la transacción.
- Regulación: En abril del 2022, la SEC (Securities and Exchange Commission) incrementó la regulación sobre las SPACs con los siguientes objetivos:
- Incrementar la transparencia en la información que se da a los inversores.
- Incrementar la protección a los inversores minoritarios.
La combinación de las citadas coyunturas ha provocado que muchos inversores pierdan el interés en invertir en estos vehículos. El futuro de las SPACs vendrá muy marcado por el entorno macroeconómico global y el nivel de regulación que se siga aplicando sobre estos vehículos.
Este vehículo alternativo se creó como alternativa a las ofertas públicas de venta (OPV) en la “meca” tecnológica de Silicon Valley, lugar que acoge a las grandes sedes de gigantes como Google, Apple o Facebook, entre otros. No obstante, con el tiempo, ha ido escalando posiciones en el parqué europeo, principalmente en el norte de Europa, y su pronosticada llegada a España parece haberse materializado tras la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley de los Mercados de Valores (LMV) y de los Servicios de Inversión, que aborda este formato, entre muchos otros aspectos.
Si bien el 27 de junio de este año el Gobierno aprobó en sede de Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley, no fue hasta el pasado 12 de septiembre cuando se llevó a cabo su correspondiente tramitación.
Un paso al frente para las SPACs españolas
Si bien, en mayo del 2021 el Ministerio de Economía y Empresa de España ya publicó este Anteproyecto, con la última tramitación se deja de regular de forma apocada a este modelo, posicionándole como una alternativa a considerar a la hora de acceder a cualquier mercado, sin tener que pasar por las SPACs americanas.
Tal y como detalla el diario Expansión, este cuerpo normativo «regula un régimen específico para este tipo de figuras de inversión, reconociendo su potencial como mecanismo de “bursatilización de nuestra economía” y como “fuente de financiación alternativa” para nuestro tejido empresarial».
Igualmente destaca que, en materia de SPAC, el Anteproyecto expone «la fijación de un límite temporal máximo de 36 meses para efectuar el De-Spacing, ampliable otros 18 meses previo acuerdo de la Junta General; la implementación del derecho de separación o de la emisión de acciones rescatables como mecanismo de reembolso de la inversión para los accionistas; o la exención de la obligación de realizar una OPA para el accionista mayoritario resultante de la fusión».
Asimismo, esta normativa presenta una reforma de la Ley de Sociedades de Capital con el fin de otorgar de seguridad jurídica a este instrumento financiero y, por ende, la protección de los inversores.
¿Cuál es el objetivo general de esta ley española y qué modificaciones incluye?
Principalmente, esta legislación tiene como objetivo modernizar los mercados de valores, a través de medidas que capaciten la financiación no bancaria a las empresas españolas, así como ofrecer protección a los inversores.
Asimismo, este anteproyecto cuenta con una serie de modificaciones que ayudan a que cualquier instrumento financiero pueda representarse utilizando la tecnología de registros distribuidos (TRD o DLT, por sus siglas en inglés), la eliminación de las cargas administrativas creadas por las normas sobre documentación y la divulgación de información que no se ve compensada de cara al aumento de la protección al inversor. Este punto se da gracias a las modificaciones aprobadas en la directiva conocida como «Quick Fix» de MiFID II.
A la hora de ahondar en estos puntos, la firma española de asesoramiento regulatorio en el sector financiero, finReg360 aporta la normativa completa, así como breves resúmenes de cada apartado.
Fernando Pajares, Analista Senior de Acron Beka y Equipo de Comunicación de Beka Finance.
